“Ley 30 de 1992: una ley sin cumplir”

Las Instituciones de Educación Superior  son las encargadas de brindar programas formativos orientados a la educación  crítica, científica, competitiva y de excelencia, para hacer de esa proyección una realidad concreta, aportando a la sociedad personas  con una preparación integral  que fomenten  la generación de empleo, el crecimiento industrial y empresarial, la realización cultural y educacional de la comunidad.

Luego de las malas políticas estatales frente a la educación en Colombia, en la que el avance de las Instituciones de Educación Superior, estaban sujetas a intereses gubernamentales, desconociendo la realidad social, las exigencias del mercado global; fue necesario que el Ministerio de Educación presentara al Congreso de la república, para su aprobación, la LEY 30 de 1992, la cual culminó con la sanción del ejecutivo, que conllevó a  la aplicación de la  mencionada ley.

La ley 30 de 1992, nace como respuesta de enfrentar los nuevos paradigmas de este mundo cambiante, que exige cada vez mas.   Dicha ley está, encaminada a proteger, promover y evaluar  la educación superior en Colombia, dando autonomía a las Instituciones de Educación Superior, para que se desarrollen  y tracen su propio rumbo, vinculando a la Universidad con el Estado Social de Derecho, consagrando su libertad y abriendo espacios para la participación de diversos sectores sociales.

Para destacar:

ARTÍCULO 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.

  • Respecto a este articulo de la mencionada  ley se observa que en el contexto de nuestra universidad se cumple y se lleva acabo de una forma inadecuada ya que la autonomía que se le otorga para el manejo de los recursos no es ejercida en pro del mejoramiento institucional y la vigilancia del estado no es la apropiada para garantizar que dichos recursos son invertidos adecuadamente; cabe agregar que la comunidad estudiantil no es tenida en cuenta a la hora de la toma de decisiones respecto a qué y en cómo se usaran estos recursos, lo cual resultara contraproducente ene l sentido de que nosotros, los estudiantes, seremos los afectados o beneficiados directos de estas decisiones y el mismo estado indirectamente, ya que los estudiantes de hoy en día serán los profesionales del mañana.

ARTÍCULO 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993.

Como se mencionó, las entidades territoriales deben aportar parte de sus recursos a la educación superior, sin embargo, desde hace algunos años, no han cumplido con este presupuesto, dejándola sin recursos, y es por esta misma razón que este año se empezó a realizar una reforma a la ley 30. Debido a la expectativa que generó, se creyó que podía privatizar la universidad pública, que le quitaría autonomía a la universidad, y otras muchas situaciones hipotéticas que pueden o no ser ciertas, pero que son la ‘’razón’’ de lucha de los estudiantes. Es contra esta que se realizan las protestas Por este mismo motivo, haremos un breve análisis de la reforma.

  • REFORMA AL ARTICULO 86: Adiciónese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, con el siguiente párrafo:

“PARAGRAFO”: Las entidades territoriales que tengan aportes pendientes a las universidades estatales, deberán proceder a su presupuestación y pago. El valor de esta deuda resulta de la diferencia entre el valor presente de los aportes que la entidad territorial tendría que haber realizado y mantenido anualmente en pesos constantes desde 1993 y los aportes efectivamente realizados.

La entidad territorial contará con seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para la suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar.

Vencido este término sin que se haya suscrito el acuerdo de pago, dentro del mes siguiente cada universidad procederá a realizar la liquidación de la deuda. Dicha liquidación constituirá titulo ejecutivo”.

–          Las cifras de hoy reflejan una realidad diferente. Pese al crecimiento inercial de la financiación, las universidades públicas hoy superan la matrícula de las universidades privadas y han incrementado notoriamente sus pregrados y posgrados…. y ahí sí el Estado saca pecho en cifras de cobertura, pero se queda callado en el de financiación.

Aunque constituye una presión para que los entes territoriales se pongan al día con las universidades en sus obligaciones, al no establecer una forma de pago con límite en el tiempo, puede hacer que el cubrimiento de la deuda tarde tanto que no se traduzca en un aporte significativo al presupuesto.

De acuerdo al análisis expuesto anteriormente surge la idea de que una mejor calidad de la educación en Colombia es posible siempre y cuando cada una de las leyes propuestas para este fin, sean cumplidas con ética y respeto,  por el bienestar de la comunidad estudiantil para que de esta forma la educación haga su aporte en la construcción de un mejor país formando ciudadanos con bases éticas y competitivas en distintos campos laborales.

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